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2006
BOGOTA. Defensa de 'Simón Trinidad' pide un solo proceso por violación de DDHH La defensa de 'Simón Trinidad' pedirá a la Fiscalía que reúna los 45 procesos que sigue contra el guerrillero en uno solo por violación del derecho internacional humanitario, reveló este viernes el abogado Oscar Silva. "Vamos a pedir un solo proceso bajo los cargos de violación al derecho internacional humanitario, que han sido los que se han formulado en contra de 'Simón Trinidad'", declaró Silva. El abogado explicó que presentará esa solicitud luego de que el jueves concluyera una primera fase de indagatoria por 16 procesos en Bogotá. Ahora el líder rebelde queda a las órdenes de fiscales que siguen el resto de los casos en otras ciudades y regiones del país. Durante los tres días de indagatoria, 'Simón Trinidad', cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera, se declaró en rebelión contra el Estado y guardó silencio ante las acusaciones por rebelión, secuestro, asesinatos, terrorismo, concierto para delinquir y robo. "La imputación siempre es la misma y la posición también de la defensa es la misma de mantener silencio y no realizar ninguna actuación procesal posterior hasta tanto no se defina la 'conexidad' de los procesos porque es inmanejable llevar cada proceso independiente", añadió el jurista. Silva señaló que Palmera, detenido el viernes en Quito y deportado el sábado a Bogotá, se mantiene bajo fuertes medidas de seguridad, pero dijo desconocer si será trasladado próximamente a una prisión. "No se sabe si él va a ser trasladado a alguna parte del país, no sabemos a dónde, por razones de seguridad es mejor que nadie lo sepa", manifestó el abogado, quien apuntó que "por el momento se ha respetado el debido proceso y esperamos que se siga así". Entre los casos que podrían quedar bajo un solo proceso de violación al derecho internacional humanitario está la masacre del 2 de mayo de 2002 en la aldea de Bojayá (noroeste), donde 119 civiles murieron cuando rebeldes que combatían contra paramilitares lanzaron un cilindro-bomba en un templo donde los civiles se refugiaban de los enfrentamientos. 'Simón Trinidad' enfrenta además cargos por el secuestro y asesinato en septiembre de 2001 de la ex ministra de Cultura Consuelo Araújonoguera, familiar suya. "En esos y en el resto de procesos hay imputaciones de homicidio agravado a personas protegidas, por eso insistiremos en que se sigan en un solo proceso. Así hayan 100 o 200 investigaciones en contra de Simón Trinidad, debe entenderse que no va a haber una acumulación aritmética de penas", añadió Silva. General Lezmes descarta problemas en interdicción aérea con EU El comandante de la fuerza aérea colombiana, general Edgar Lezmes, negó que haya existido una pausa en el programa de interdicción de aviones del narcotráfico con Estados Unidos, debido a la destrucción de una aeronave, tal como lo afirmó el New York Times. "Esa fue una noticia sorpresiva del The New York Times. No sé porque ellos publicaron eso. Realmente, no hemos tenido ningún inconveniente con la interdicción aérea", dijo Lesmez, a Caracol Radio. Según el diario, en septiembre del año pasado, un mes después de la reanudación del programa de interdicción, unidades de la fuerza aérea colombiana forzaron el aterrizaje de una aeronave y posteriormente la bombardearon. Esa acción habría llevado a Washington a suspender por unos días el programa de interdicción, ya que la fuerza aérea habría destruido la aeronave a pesar de que las autoridades estadounidenses recomendaron no abrir fuego, al no existir indicios de que se tratara de un avión del narcotráfico. Sin embargo, las bases del acuerdo de interdicción que entró en vigencia en agosto del 2003 establecen que los militares colombianos no requieren el permiso de Estados Unidos, que suministra informaciones de radar, para disparar si es necesario. "En el mes de septiembre hubo unos ajustes, de uno o dos días, a los procedimientos que estábamos desarrollando, porque recién estaba iniciado el programa, pero realmente no sé de donde salió la noticia de que nosotros hicimos aterrizar forzosamente un avión sin motivos. Eso no ha sucedido", indicó Lesmez. "Los aviones que hemos hecho aterrizar o que hemos destruido es porque están violando nuestro espacio aéreo. Todos están debidamente justificados", agregó. El programa de interdicción aérea entre Estados Unidos y Colombia se reanudó en agosto del año pasado, tras dos años de suspensión por el derribamiento de un avión que transportaba a dos misioneros estadounidenses por parte de las fuerzas militares de Perú en el 2001. Con Lima el programa todavía se encuentra suspendido. Aviones plataforma y radares de Estados Unidos suministran datos electrónicos sobre el movimiento de aeronaves del narcotráfico en Colombia y aviones de este país sudamericano proceden a interceptarlas. La responsabilidad de lo ocurra recae en las autoridades colombianas. Uribe tendrá audiencias con seis jefes de Estado y director del FMI El presidente Álvaro Uribe se reunirá en Monterrey (México) con cuatro homólogos latinoamericanos, dos primeros ministros y el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Kohler. Uribe, que arribará al medio día del lunes entrante a Monterrey para participar en la cumbre extraordinaria de las Américas el 12 y 13. Asistirá, además, el miércoles 14 a la toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Oscar Berger, según informó la Casa de Nariño. Durante su estadía en la ciudad mexicana, el jefe de Estado colombiano tiene previstas audiencias con los presidentes de México, Vicente Fox; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Panamá, Mireya Moscoso; y de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Así mismo sostendrá conversaciones con el primer ministro de Jamaica, Percival J. Petterson; y el de Trinidad y Tobago, Patrick A.M. Manning. Durante la cumbre los mandatarios de América analizarán tres aspectos centrales que tienen que ver con políticas para buscar un crecimiento económico con equidad, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países del continente, excepto Cuba, asistirán a la cumbre y suscribirán al término de la reunión una declaración conjunta. Con Kohler el mandatario hablará sobre la situación de la economía, cuyo crecimiento en 2003 fue superior en un 50 por ciento al inicialmente previsto de un dos por ciento a un 3,4 por ciento. Colombia desarrolla actualmente un segundo acuerdo para un ajuste fiscal pactado en enero de 2003 con el FMI a dos años, que ha registrado algunos tropiezos como consecuencia de la negativa de los ciudadanos a un referendo político, que proponía un alto ahorro fiscal con la congelación de los salarios y pensiones públicas. El miércoles, el Presiente viajará a Guatemala en donde asistirá a los actos de toma de posesión del nuevo mandatario de ese país centroamericano y de su gabinete.
DECEMBER, 2003 FAMILIARES DE LOS SECUESTRADOS LE RECUERDAN AL PRESIDENTE URIBE QUE PROMETIO TRABAJAR POR UN ACUERDO HUMANITARIO Familiares de uniformados y políticos secuestrados por la guerrilla se encerraron de forma indefinida el martes en la Catedral de Bogotá para exigirle al presidente Alvaro Uribe un acuerdo humanitario que permita poner fin al cautiverio de los suyos. "Señor Presidente, el acuerdo humanitario no da espera, demos este primer paso: en sus manos está el salvar las vidas de 3.000 hijos de Colombia", dijeron los familiares en un comunicado. Unos 20 adultos y cinco niños se encuentran reunidos en el templo, entre ellos Yolanda Pulecio, la madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero de 2002. "No podemos entender que se pueda hablar con otros grupos al margen de ley y no se pueda hablar con el grupo que tiene a nuestros hijos", dijo Pulecio a la Associated Press. Mientras el gobierno negocia con los paramilitares y ha entablado comunicaciones informales con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) para hechos puntuales, los contactos con las FARC son prácticamente nulos. Los familiares de los secuestrados aseguraron que Uribe les dio su promesa de trabajar por el acuerdo humanitario, pero recalcaron que no se ha cumplido. "Como colombianos exigimos respetuosamente pero con firmeza al Señor Presidente que cumpla la promesa que nos hizo", indicó el comunicado. Los familiares también se quejan de que el gobierno no ha nombrado una comisión negociadora oficial del acuerdo humanitario, aunque dos representantes de la Iglesia fueron delegados por Uribe para buscar contactos con las FARC. Monseñor Augusto Castro y el padre Darío Echeverri ya han entablado comunicaciones con los rebeldes, cuyo contenido no ha sido revelado. La guerrilla acepta reunirse con ellos en la medida que no representan al gobierno de Uribe, que califican de autoritario. "Estamos pidiendo la celeridad del acuerdo humanitario y que el gobierno nombre por fin a la comisión negociadora. No sabemos hasta cuando vamos a estar en la catedral, de aquí no nos vamos a mover", afirmó a la AP Marleny Orjuela, presidenta de la asociación de familiares de miembros de la fuerza pública secuestrados por la guerrilla. Los familiares invitaron el martes a la catedral a un grupo de personalidades del ámbito nacional e internacional para que los ayuden a reflexionar sobre las medidas para lograr un acuerdo humanitario. Entre las personalidades se encuentra el ex presidente Alfonso López; el delegado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michael Frühling; el embajador de Francia, Daniel Parfait; el embajador sueco, Olaf Skogg; el embajador mexicano, Luis Ortiz Monasterio; la activista humanitaria Ana Teresa Bernal; el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano. Las FARC proponen liberar a los políticos, militares, policías y tres contratistas civiles estadounidenses plagiados, a cambio de la excarcelación de centenares de guerrilleros. Además, exigen la desmilitarización de una inmensa zona en el sur del país, algo que Uribe rechaza. El gobierno demanda la liberación de todos los secuestrados, incluidos aquellos retenidos por fines económicos. También exige un compromiso de las FARC para no cometer más secuestros y que los rebeldes eventualmente liberados salgan a un tercer país. El presidente de la Cámara de Representantes, Alonso Acosta, invitó el martes a que el gobierno "diga lo que piensa sobre el acuerdo humanitario", ya que hay personas que llevan seis años secuestradas por las FARC.
OTRO GRUPO PARAMILITAR DE COLOMBIA ENTREGA LAS ARMAS Fatigados de la guerra y con la esperanza de regresar al cultivo de la tierra, un grupo paramilitar colombiano de 160 campesinos entregó el domingo sus rústicas armas y puso fin a una lucha de 20 años contra la guerrilla. "No queremos seguir en esta guerra y que nuestros hijos tengan que continuar en esto. Queremos vivir en paz", dijo Ruvinder Becoche alias "El Mono", comandante del grupo paramilitar de las autodefensas campesinas del Cauca. Becoche habló poco antes de la ceremonia de desmovilización y entrega de escopetas, machetes y algunos explosivos en esta zona de la cordillera occidental de los Andes. La ceremonia, presidida por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se llevó a cabo en el paraje rural "El Edén", cerca de Cajibío, donde fueron izadas dos banderas - una blanca y otra de Colombia - y se construyó una rústica mesa de guadua (bambú) en la cual los campesinos e indígenas depositaron sus armas y los uniformes de camuflados. "Este es un paso más en la consecución de la paz de Colombia; celebramos que esta comunidad haya decidido abandonar las armas y regresar a la legalidad", dijo Restrepo, quien prometió que los desmovilizados y sus familias gozarán de protección permanente de las fuerzas militares. Este es el segundo grupo paramilitar que dice adiós a las armas en dos semanas, pero a diferencia de los 855 que se desmovilizaron el 25 de noviembre en Medellín, sus integrantes aseguran que no han asesinado ni secuestrado ni participado en el narcotráfico. "Nosotros no hacemos operaciones ofensivas, únicamente nos defendíamos de la guerrilla, pero hace tres años que no combatimos con ella, porque se mantiene por fuera de esta zona", dijo el jefe paramilitar de 37 años, en diálogo con periodistas en el Edén, a unos 360 kilómetros al suroccidente de Bogotá. Este grupo desmovilizado se constituyó en 1983 a raíz de una incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país, en la región montañosa. "Hubo una masacre de campesinos y esta región estaba muy desprotegida, sin la presencia de la Policía ni del Ejército, y entonces decidimos tomar las armas", explicó Ruvinder. "Pero hace seis meses escuchamos al presidente Alvaro Uribe, de sus planes para acoger a los desmovilizados de los grupos armados ilegales y tomamos la decisión de entregar las armas porque confiamos en su palabra de proteger a la población", agregó. El gobernador del Departamento del Cauca, Floro Tunubalá, dijo que "a partir de este momento, la seguridad de los campesinos queda en manos del Estado, que deberá también velar por sus derechos económicos porque viven en una zona muy pobre y abandonada y necesitan carreteras, financiación para sus cultivos y atención a sus necesidades primarias". Desde que Uribe asumió el gobierno el 7 de agosto de 2002, mas de 3.000 guerrilleros y paramilitares se han acogido al programa gubernamental que busca reinsertar en la sociedad y la vida productiva a los desertores de estos grupos que entreguen las armas. Pero el proceso de desmovilizar unos 13.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enfrenta serios tropiezos porque sus jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso rechazan ser extraditados a Estados Unidos, donde la justicia los acusa de narcotráfico y terrorismo. También han descartado ir a la cárcel en Colombia para cumplir largas condenas por asesinatos, masacres, secuestros y delitos atroces.
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OCTUBRE, 2003
GRUPO SARMIENTO ELEVA PARTICIPACION EN PORVENIR La junta directiva del Banco de Bogotá aprobó la adquisición de 8,77% de las acciones en circulación de Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir, las cuales son propiedad de la chilena Provida Internacional. Por su lado, Banco de Occidente adquirió de Provida 1,4 millones de acciones emitidas por Porvenir, lo que implicó incrementar su representación accionaria de 18,8% a 22.98%, por $16.093 millones. El proyecto del Grupo Sarmiento es elevar de 80% a 100% su participación accionaria en Porvenir. El Banco de Bogotá ya recibió autorización para elevar su participación accionaria. El Grupo Sarmiento venderá su participación en Porvenir República Dominicana a Provida, que pertenece al grupo español BBVA. TRASPASAN DEMANDA CONTRA ISAGEN El Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín admitió la cesión a favor del Municipio de Medellín de unos derechos litigiosos que reclama Empresas Públicas de Medellín (EPM) a Interconexión Eléctrica (ISA) e Isagen. Sin embargo, el juzgado advirtió que la cesión únicamente podrá formalizarse en caso de que ISA e Isagen lo acepten expresamente. Como EPM construyó la represa El Peñol favoreciendo a las represas nacionales instaladas aguas abajo, las Empresas le han reclamado a la Nación una compensación de $600.000 millones. Sin embargo, al solucionar la millonaria deuda del Metro, el gobierno propuso que no se haga efectivo por ahora dicho cobro a La Nación. Aunque el Presidente Uribe prometió mantener como empresa nacional o del Estado a Isagen, si se llega a privatizarse se reviviría la reclamación. Además, el traspaso de la demanda en contra de Isagen le reabre las puertas para financiarse en el país y el exterior. La demanda incluye a ISA, pues Isagen fue escindida de dicha empresa. UE CONDENA ATENTADO EN FLORENCIA La Unión Europea (UE) condenó "firmemente" este miércoles el atentado ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Florencia (Caquetá) y reiteró su apoyo a los esfuerzos del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez en su lucha contra el terrorismo. En una declaración de la presidencia italiana de turno de la UE, difundida en Bruselas (Bélgica), los Quince transmiten sus condolencias a las familias de las víctimas de ese ataque, que se saldó con 12 muertos y unos 54 heridos, además de cuantiosos daños materiales. El organismo expresa así mismo su "plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia tras este nuevo atentado", agrega la declaración. Confirma además su apoyo al presidente Uribe en el marco de sus esfuerzos "para hacer frente a las amenazas que pesan sobre la democracia, al terrorismo, al problema de la droga, a las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Humanitario Internacional", así como a la grave crisis humanitaria que sufre el país. El atentado del pasado domingo fue realizado con una motocicleta-bomba en la llamada "zona rosa" de bares y restaurantes de Florencia, la capital regional, que, a esa hora (3 de la madrugada), eran frecuentados por numerosos clientes.
AGOSTO 2003
BOGOTA. GOBIERNO DE E.U. ANUNCIA PERSECUCION CONTRA RESPONSABLES DEL ATENTADO EN IRAK El anuncio fue hecho por el presidente George W. Bush tras condenar el ataque en el que murió un influyente líder religioso de la secta chiíta. "Condeno enérgicamente el atentado en Najaf", dijo Bush en un comunicado divulgado luego que un coche bomba matara a 82 personas, incluido el ayatolá Mohammad Baqer Al Hakim, e hiriera a otras 200. "Este perverso acto de terrorismo iba dirigido a (Hakim), a uno de los lugares más sagrados del Islam chiíta y a las esperanzas del pueblo de Irak de libertad, paz y reconciliación", dijo Bush en un comunicado. Dijo que ordenó a los funcionarios estadounidenses en Irak "trabajar de cerca" con los funcionarios de seguridad y con el Consejo de Gobierno provisional, para "determinar quién cometió este terrible ataque y llevarlos a la justicia". El Presidente también ofreció sus más "profundas condolencias" a los familiares de las víctimas del ataque, así como una pronta recuperación a los heridos y sus simpatías a todos los iraquíes y a los musulmanes chiítas del mundo. Hakim, uno de los principales responsables chiítas que lideraba la Asamblea de la Revolución Islámica en Irak (ARII) y había pasado 23 años exiliado en Irán antes de regresar a Irak en mayo pasado, era partidario de la cooperación pacífica con las fuerzas británico-estadounidenses en Irak. La explosión se produjo justo después de la oración del viernes frente al mausoleo del imán Alí (figura sagrada del chiísmo) en Najaf, al sur de Bagdad, y causó 82 muertos y 229 heridos. Bush destacó que el ayatolá "fue encarcelado y torturado por sus creencias religiosas por el régimen de Saddam Hussein, y pasó muchos años en el exilio". "Su asesinato hoy, junto con el asesinato de muchos hombres y mujeres inocentes reunidos para orar, demuestra la crueldad y desesperación de los enemigos del pueblo iraquí", dijo Bush. Por su parte, el secretario de Estado, Colin Powell, condenó el atentado como un "crimen atroz contra el pueblo iraquí y la comunidad internacional".
BOGOTA: MINISTRO DE HACIENDA, RENUNCIA El ministro de Hacienda, Roberto Junguito Bonnet, presentó anoche renuncia a su cargo ante el presidente Alvaro Uribe, quien aceptó su dimisión. Como reemplazo fue designado Alberto Carrasquilla, quien se venía desempeńando como viceministro de esta cartera. En una rueda de prensa conjunta, Junguito Bonnet agradeció al presidente toda la colaboración y dijo que le entregaba un ministerio sólido. Carrasquilla, por su parte, destacó la labor de Junguito sobre todo dejando en firme la confianza del sector privado para llevar la economía colombiana hacia un mejor futuro. El ministro encargado estudió Economía en la Universidad de los Andes y es doctor en Economía de la Universidad de Illinois. Fue Gerente Técnico y Economista Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También ha laborado en Fedesarrollo, en la Contraloría General de la República y en la Decanatura de Economía de la Universidad de Los Andes. Para Junguito, su renuncia debe catalogarse "como un sentimiento del deber realizado". Así lo afirmó al hacer oficial este viernes su salida en el manejo de esta cartera. Junguito consideró que con su renuncia terminó una etapa en la que, como lo dijo en la carta que presentó al presidente Uribe Vélez, durante 10 meses trabajó en la puesta en marcha de una serie de reformas de fondo para revitalizar la economía del país. "Ahora estaré acompańando al Presidente en otro estatus de trabajo, no tan duro, pero no menos importante", aseguró luego de leer el texto de su dimisión ante los periodistas en la Casa de Narińo. También elogió a la persona que el Presidente designó como su sucesor, Alberto Carrasquilla, quien se desempeńaba como viceministro técnico de la cartera, y al resto del equipo económico que actuó bajo su dirección. "Me siento inmensamente honrado en tener como sucesor a Alberto Carrasquilla, quien va a seguir siendo acompańado en el ministerio con todo ese equipo. Todo esto hubiera sido muy difícil de conseguir sin la compańía de Santiago Montenegro en Planeación Nacional". 35 PRESUNTOS GUERRILLEROS SON CAPTURADOS POR POLICIA NACIONAL La Policía Nacional capturó en el municipio de Villanueva (La Guajira) a 35 personas, quienes, al parecer, son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Para realizar esta operación, denominada "Cuna de Acordeones", fueron enviados a esta zona del país 400 agentes de la institución, quienes se hicieron cargo de las labores tendientes a lograr la captura de los presuntos subversivos. Lo operativos se realizaron a las 2 de la mańana y en su desarrollo las autoridades efectuaron cerca de 48 allanamientos. Entre las personas capturadas hay algunas acusadas de perpetrar atentados contra la Alcaldía y la sede de la Fiscalía de Villanueva y de retener a trabajadores de la mina de carbón en Cerrejón Norte. La captura más importante fue la de William Wenceslao Cotes Olivella, alias "Cote Guerrero" o "Iván", jefe de las Milicias de las Farc en el sur de la Guajira. Según las autoridades, las personas capturadas, al parecer, hacen parte de los frentes 41 y 59 de las Farc y del frente Luciano Ariza del Eln. Los capturados fueron identificados como: Álvaro Rafael Chinchía Raudales, alias ‘Liva’; Alpidio Toncel Molina, alias ‘Pillo’; Armando Tomás Botello Rueda, Carlos Iván López Nieves, alias ‘El Seve’; Félix Antonio Díaz Perdomo, José Eduardo Bula Mendoza, alias ‘Chone Gil’; José Guerra Cantillo, José Guillermo Chinchía Rosado, alias ‘El grifo’ y José Aníbal Ovalle Castilla. Asimismo fueron aprehendidos Jorge Iván Olivella Zedán, Juan Dangond López alias, ‘El gavilán o Curry’; Juan Carlos Durán, alias ‘Carlos’; Luis Hernández Daza, Luis Rodríguez Romero, Rafael María Reinez Fonseca, Richard Alvarado Ramírez, Víctor Elías Vallejo Guerra, Wilson Castro Reyes, Galimir Chinchía Álvarez, Fabián Guerra Sarmiento y Wilfredo López Borrego, alias ‘Pipo López’. Entre la lista de capturados también figuran: Joel Salinas Orcasita, David Salinas Orcasita, Elkin Salinas Orcasita, Farid Ramírez Mesa, alias ‘Carebobo’; José Vicente Ovalle Nieves, (24 ańos) de Villanueva, Aldo Ovalle Borrego, Fredy Toncel Ayala, William Wenceslao Cotes Olivella, Elijio Martínez Damián, Jhon Jaime Vallejo Quintero, Yovanis Flórez Damián, José Sajonero Baquero, alias ‘El Chéfer’; Javier Ramírez Gutiérrez y Rosa Cristina Ramírez Buelvas. Los presuntos subversivos deberán responderle a la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, homicidio, secuestro y extorsión. Según el general Luis Alfredo Rodríguez, encargado del operativo, los guerrilleros también realizaban secuestros, extorsiones y efectuaban retenes ilegales en los departamentos de la Guajira y el Cesar. En los allanamientos las autoridades hallaron varias armas de fuego, al tiempo que inmovilizaron nueve automóviles y cuatro motocicletas que habían sido robadas. Entre estos vehículos se encuentran: Camioneta Ford 150, color banco, camioneta Ford Explorer, color azul, camioneta Renault 12, color rojo, camioneta Renault 12, color amarillo, automóvil Daewoo Cielo, color rojo con distintivo de la empresa Coocosur, automóvil Daewoo Cielo, color blanco con distintivo de la empresa de transporte Transcerrejón; automóvil Daewoo Cielo, color negro, automóvil Chevrolet Swift, color gris, automóvil Mazda Allegro, color verde, motocicleta Suzuki FR, color negro, motocicleta Suzuki FR, color negro, motocicleta Suzuki TS, colores blanco y azul, y motocicleta Suzuki TS, colores blanco y roja. ENVIAN A CORTE DE EE.UU. A GUERRILLERO DE LAS FARC Un guerrillero colombiano acusado de matar a tres activistas estadounidenses se negó a firmar antes de su extradición un documento que le informa sobre sus derechos legales en Estados Unidos, testificó ayer un agente del FBI. Nelson Vargas Rueda fue extraditado el 28 de mayo para ser juzgado en Washington. Siguiendo los requisitos impuestos por la ley estadounidense, el agente Ron LeBlanc dijo que viajó a reconocer a Vargas y que este no quiso firmar el documento de derechos Miranda. Vargas, de 33 ańos, permanece en prisión y los carceleros le han retirado su pierna prostática derecha. Los oficiales lo transportan en una silla de ruedas. El miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia está acusado de haber disparado contra una de las tres mujeres estadounidenses asesinadas. Los jueces aplazaron para el martes una audiencia que determinará si Vargas permanece en prisión hasta el día del juicio. Según la acusación, las Farc consideraban a las activistas como miembros de la CIA o asesoras del ejército estadounidense. Las tres mujeres estaban ayudando a montar un sistema escolar para la tribu indígena de los U'wa. La comandancia de las Farc admitió la ejecución en 1999 de las mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en Venezuela. Vargas fue capturado hace tres ańos y ha permanecido en prisión desde entonces. Vargas es una de las seis personas acusadas de estos asesinatos y el primer líder guerrillero en ser extraditado a Estados Unidos. El gobierno estadounidense rompió todo tipo de contactos con las Farc y la consideran como una organización terrorista. Gobierno de Venezuela pone la cara a exportadores colombianos Una comisión del gobierno del país vecino, encabezada por el ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales, se reúne con empresarios nacionales para buscar una solución al pago de 300 millones de dólares que les adeudan. Sin embargo, para el ministro venezolano, las deudas no superan los 188 millones de dólares, de los cuales, solo 33 millones están documentados ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), lo que significa que solo ese monto podría procesarse para hacer efectivo el pago en un corto plazo. Se espera que la visita a Bogotá de Rosales y su viceministro, José Manuel Soto, del presidente de Cadivi, Édgar Hernández, y la vicepresidenta del Banco Central, Giácoma Cuis, sea para hacer anuncios concretos, pero las cifras que manejan serán un baldado de agua fría para el gobierno y los exportadores colombianos. Para Colombia, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, la reunión de mañana (hoy) con las autoridades venezolanas es muy importante, porque hasta ahora no hay avances en el suministro de divisas para el pago de la deuda y para facilitar los despachos colombianos, que siguen paralizados. La presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, María Luisa Chiappe, señaló que hay mucha expectativa por la visita y preocupación porque el comercio sigue estancado y confió en que el gobierno (venezolano) sea sensible a esta situación, pues es mucho el empleo que está en juego en ambos países. Desde el 23 de abril y como resultado de la cumbre presidencial en Puerto Ordaz (Venezuela), Hugo Chávez se comprometió con Álvaro Uribe a agilizar tanto los pagos como la asignación de divisas para nuevas importaciones, pero hasta el momento no se ha desembolsado ni un solo dólar. Aunque Cadivi asegura que ya está trabajando a todo vapor y que cada día se procesan entre 100 y 120 solicitudes, de las cuales se autorizan entre 20 a 25 millones de dólares, no está claro si alguna empresa colombiana ha sido beneficiada. "Hasta ahora no sabemos nada, esperamos que mañana (hoy) Cadivi dé una buena noticia en Bogotá" dijo un representante de una compañía colombiana en Venezuela, que asegura que ha entregado toda la documentación exigida. "A las autoridades venezolanas les hemos pedido eficacia en las medidas que han tomado, pues no basta con la expedición de normas sino que estas sean efectivas", expresó Botero, quien en la reunión con la delegación de Venezuela estará acompañado por la viceministra de Comercio, Claudia Uribe; el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano; el gerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, y los presidentes de Proexport y Bancóldex, Luis Guillermo Plata y Gustavo Ardila. "Si Venezuela viene a Colombia sabiendo de nuestras aspiraciones -reflexionó Botero- traerá anuncios concretos". Al gobierno de Chávez también se le ha pedido que amplíe la lista de productos con derecho a divisas (limitado a alimentos, medicinas y materias primas básicas para la industria) y que se aplique el sistema de pagos de Aladi. La misma expectativa tienen los productores nacionales de medicamentos agrupados en Asinfar, cuyo presidente, Alberto Bravo, confirmó que los despachos al vecino país están suspendidos, porque importadores venezolanos tienen millonarias deudas con el sector, que en algunos casos superan 180 días. La comitiva venezolana estará cara a cara con cerca de 200 empresarios en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada (Bogotá) y a través de una teleconferencia con otros exportadores ubicados en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta. La idea es que los exportadores, cuya facturación a Venezuela cayó 70 por ciento en los dos primeros meses, sepan de primera mano cómo funciona el control de cambios y cuáles son las perspectivas, a corto y mediano plazo, sobre el desempeño de la economía vecina. Además, por supuesto, que la delegación venezolana conozca, también de primera mano, los efectos negativos que ha tenido en la producción colombiana la restricción cambiaria. Sanción de 20 años de suspensión a 3 concejales de Bogotá por presunto soborno Judy Consuelo Pinzón, William Cubides y Lilia Camelo fueron destituidos de sus cargos por pedir dinero a un particular para reformar un proyecto de acuerdo del Código de Policía. Los tres concejales de la capital implicados en un escándalo de pedir dinero a un particular para reformar el proyecto del nuevo Código de Policía de Bogotá fueron sancionados ayer por la Procuraduría con la más alta inhabilidad impuesta a un funcionario público en la historia del país: 20 años de impedimento para ocupar cargos públicos. El Ministerio Público concluyó que Judy Consuelo Pinzón, Lilia Camelo Chávez y William Cubides, actualmente detenidos y suspendidos en el ejercicio de su cargo, incurrieron en irregularidades en el desempeño de sus funciones y por ello, ordenó su destitución. Ayer, por más de tres horas, el procurador delegado para la Moralidad Pública, José Fernando Reyes, leyó la totalidad del fallo en el cual sustentó y comprobó las prácticas ilegales que realizaron los tres concejales durante el trámite del proyecto del nuevo Código de Policía, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado. La decisión de la Procuraduría señala que Cubides y Pinzón exigieron dinero directamente a Mauricio Castillo, quien era el representante de los vendedores ambulantes y quien gestionó ante ellos la posibilidad de reformar el proyecto para no damnificar a estos comerciantes informales. Por su parte, Camelo, aunque no exigió dinero directamente, dice la Procuraduría, sí estuvo presente en algunas reuniones en las que sus dos compañeros exigían la plata, además que ella, en conversaciones telefónicas con Castillo, señaló que era necesario “cuadrar 22 cosas en el Concejo” al referirse, según el fallo, a otros concejales. La Procuraduría concluye que la destitución de Camelo, Pinzón y Cubides se hace porque los tres ocasionaron un perjuicio al Concejo, hicieron una indigna venta de la función pública, defraudaron a sus electores y tuvieron un “mezquino interés egoísta”. Sabían lo que hacían El fallo sustenta que los tres concejales realizaron este acto con dolo, es decir, que sabían y tenían conocimiento y conciencia de que estaban vulnerando las leyes colombianas. Además, en el fallo la Procuraduría pidió a su delegada en lo Distrital y a la Fiscalía investigar la aparente implicación en el caso que tuvieron los concejales Hipólito Moreno, Luis Eduardo Díaz y Fabiola Posada. El fallo de la delegada para la Moralidad Pública también le dio plena validez a las grabaciones que hizo el denunciante Mauricio Castillo de las llamadas y conversaciones personales que sostuvo en distintas oportunidades con los tres concejales. De igual forma la Procuraduría consideró que el operativo realizado por las autoridades el 8 de diciembre de 2002 en la sede política de Judy Consuelo Pinzón, donde fueron detenidos estos tres integrantes del Concejo de Bogotá, se hizo legalmente y en el preciso momento en que se disponían a recibir el dinero. Aunque el maletín en el que iba la plata solo tenía parte de billetes y algunas fotocopias, el Ministerio Público considera que esto no desdice la intensión de los tres concejales de cometer su irregularidad. Los tres implicados en este escándalo no estuvieron presentes en la lectura del fallo del proceso, que duró cinco meses. Los abogados de los tres sancionados apelaron ayer mismo la decisión y tendrán plazo hasta las 5 de la tarde de mañana para presentar sus alegatos. La respuesta de la Procuraduría se dará, a más tardar, el próximo martes. 'No dije que la droga deba legalizarse', precisa Gabriel García Márquez El Nobel dice que está contra la legalización y precisa los alcances de su mensaje en el que señalaba que 'no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga'. El Nobel colombiano Gabriel García Márquez afirmó que nunca propuso la legalización de la droga y aseguró que el mensaje enviado por él a la Universidad de Antioquia fue "malinterpretado". Es más, en una mensaje que hizo llegar a la cadena radial RCN, García Márquez aseguró que está en contra de legalizar las drogas, lo mismo que contra el consumo de estupefacientes. "Muy al contrario de lo que me atribuyen los periodistas, estoy contra la legalización de la droga y contra el consumo de drogas", dijo. El novelista precisó así los alcances de un mensaje enviado desde Ciudad de México con motivo de la conmemoración, el domingo pasado, de los 200 años de fundación de la Universidad de Antioquia. Expresó que nunca ha hecho propuestas en ese sentido al gobierno de Colombia. "Lo que dije es que el drama colombiano consiste, precisamente, en que no resulta imaginable que se produzca el fin del narcotráfico sin que se produzca la legalización del consumo. Ese es el tamaño de la tragedia que sufren los colombianos", enfatizó. García Márquez se queja de que los periodistas lo "malinterpretan" y de la "impunidad" en que, según él, "anda el periodismo" "No he logrado que mis colegas periodistas transcriban con exactitud lo que digo o escribo, en lugar de atribuirme declaraciones inverosímiles, pensamientos que no tengo y posiciones que detesto", sostuvo. Y agregó: "Yo no hubiera podido escribir ni uno solo de mis libros sino fuera por mis años de periodismo. Por eso mismo me duele la impunidad en que anda el periodismo de estos tiempos". En el mensaje del fin de semana que despertó la polémica, García Márquez dice que para acabar la violencia que genera el narcotráfico pasa por la legalización de las drogas. "No es posible imaginar el fin de la violencia en Colombia sin la eliminación del narcotráfico, y no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga, más próspera cada instante cuanto más prohibida", reza el aparte. En el mismo mensaje, el Nobel asegura que en el 2002 cerca de 400.000 colombianos se vieron obligados a huir de sus casas y abandonar sus tierras por culpa de la violencia. "La paradoja es que esos fugitivos son víctimas de una violencia sustentada por dos de los negocios más rentables de este mundo sin corazón: el narcotráfico y la venta ilegal de armas", agregó. Ayer, el fiscal general Luis Camilo Osorio al ser consultado por los periodistas sobre la posición del novelista con respecto al tema aseguró: "Es un punto de vista, puede tener mucha fundamentación, pero yo no me voy a pronunciar sobre esto. Hay un ordenamiento jurídico en materia de narcotráfico y me atengo a él; sobre esa filosofía y legislación opero. Estoy a favor de combatir la criminalidad". Avianca se juega su futuro en un tribunal de Nueva York El panorama para la aerolínea colombiana se complica debido al alegato de empresas que le arriendan los aviones, que cuestionan su acogida a la Ley de Bancarrotas en Estados Unidos. A partir de este martes Avianca tendrá que pagar por el arrendamiento de los aviones y la situación de sus deudas será la misma de hace dos meses porque se agotaron los 60 días de gracia que le da el Capítulo 11 o Ley de Bancarrotas de Estados Unidos para llegar a un acuerdo con sus acreedores. De la misma forma, el futuro de la empresa, que hace parte de la Alianza Summa, está en manos de un juez de Nueva York, que deberá decidir en los próximos días sí es válido que la compañía pueda continuar en el Capítulo 11 en Estados Unidos, o no. Fuentes del sector aéreo en Colombia dijeron que una posibilidad es que el juez permita que continúe en Capítulo 11, pero le exija someterse a la Ley 550 o de intervención económica ante las autoridades colombianas. Del juez depende el futuro de la aerolínea insignia de Colombia, la cual ha sido golpeada por la crisis internacional de la aviación y una pesada carga laboral que la hacen perder competitividad frente a otras de su tipo. Una decisión esperada La decisión, que también está siendo esperada por otras empresas, sentaría un precedente para ellas sobre la posibilidad de acudir a la legislación americana para lograr salvarse de la crisis. El panorama no es halagador. Fuentes vinculadas al proceso dijeron a que hay varias compañías en Estados Unidos que se oponen a que se declare legal la participación de Avianca en el Capítulo 11, con el argumento de que el juez no tiene jurisdicción sobre una aerolínea creada en Colombia, bajo leyes colombianas y con el 98 por ciento de sus empleados en el país. Una de las empresas que se opone es Pegasos, que le arrienda aviones Boeing 757 y 767. Argumenta que la Ley de Bancarrotas fue creada para favorecer acreedores de Estados Unidos y no hay nada que garantice las acreencias de otros por fuera de esa nación. El pasado 8 de mayo hubo una primera audiencia en Nueva York en la cual, esta y otras empresas arrendadoras expuso sus argumentos. Avianca sorprendió a Pegasos al comunicarle que le devolvía los aviones haciendo uso de la prerrogativa que le daba el capítulo 11. Sin embargo, aún no hay un acuerdo al respecto porque la arrendadora le exige los pagos atrasados y los mantenimientos y adecuaciones de los aviones. Otras empresas Una situación similar se vivió con la firma Ansset, la cual le tiene en arriendo aviones MD-83 y Boeing 767, contaron fuentes cercanas. Si el juez encuentra fundadas las objeciones al proceso, Avianca tendría que acudir a otros mecanismos para su salvamento. Aunque ayer el presidente de la empresa, Juan Emilio Posada, se abstuvo de hacer algún comentario, para hoy está programada una conferencia de prensa en la cual se presentarían las bases del plan de reestructuración, el cual seguramente consistirá en una reducción en la flota de 54 aviones y en la planta de personal que asciende a 4.322 empleados. Posada ha dicho en reiteradas oportunidades que se busca dejar a la Alianza 'livianita' para tratar de que sea más competitiva. De acuerdo con los estudios de la consultora Bain Co., Summa debería prescindir de por lo menos dos flotas completas de aviones, una de jets y otra de turbohélices para poder reducir costos. De hecho, el ajuste en equipos se traduciría en un recorte en personal de tierra y aire, el cual podría ser de entre el 20 y el 25 por ciento. Los frutos de la alianza A pesar de la turbulencia la Alianza Summa ha logrado mejorar muchos de sus indicadores financieros, según el reporte de la empresa. En el 2002 las aerolíneas Avianca, Sam y Aces registraron ingresos operacionales por 1,98 billones de pesos frente a 1,91 billones registrados en el 2001, lo que significó un crecimiento del 3,7 por ciento. De estos, el 88 por ciento correspondió a la venta de pasajes. Debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, las pólizas de seguro por riesgos fe guerra sufrieron un incremento del 122 por ciento. Las aerolíneas pasaron de pagar 29.575 millones de pesos en el 2001 a 65.769 millones en el 2002. Gracias a la alianza entre las tres empresas los gastos de administración se redujeron en 9,8 por ciento y pasaron de 104.989 millones en el 2001 a 94.655 millones en el 2002. Así las cosas la pérdida neta del ejercicio pasó de 289.628 millones de pesos en el 2001 a 86.144 millones de pesos en el 2002. Confiscan cinco toneladas de explosivos en Colombia BOGOTA - La Infantería de Marina de Colombia confiscó el domingo cinco toneladas de explosivos que iban a ser usados por la principal guerrilla izquierdista para desatar una escalada de ataques contra la infraestructura energética, de comunicaciones y vial del país. El decomiso del explosivo del tipo Anfo, más poderoso que la dinamita, ocurrió cerca del puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño, sobre el Océano Pacífico, 600 kilómetros al suroeste de Bogotá, reveló el coronel de la Infantería de Marina, Alvaro Jiménez. La Armada dijo que el explosivo confiscado pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país con más de 17.000 combatientes, que pretendía desatar una escalada de ataques contra torres de energía, de comunicaciones y puentes. Se trata de uno de los decomisos más grandes de explosivos que realizan las Fuerzas Militares en Colombia en los últimos meses. En la operación militar no se produjeron capturas. Los ataques con explosivos son frecuentes en Colombia, como parte del conflicto interno de casi cuatro décadas que azota este país de más de 40 millones de habitantes y que dejó 40.000 muertos, la mayoría civiles, en los últimos dos lustros. Las FARC, que dicen luchar por imponer un sistema socialista, amenazaron en el 2001 con llevar la guerra a las grandes ciudades y desde entonces han intensificado sus hostilidades en centros urbanos, incluyendo la capital. En los últimos dos años se han registrado ataques explosivos en Bogotá, Medellín y Cali, así como en otras ciudades, que las autoridades militares y policiales han atribuido a esa guerrilla. El más grave sucedió en febrero pasado, cuando un vehículo cargado con 200 kilos de explosivos estalló y destruyó un exclusivo club del norte de Bogotá, donde mató a 36 personas y causó heridas a 160 más. Aunque el gobierno del presidente Alvaro Uribe acusó a las FARC de ese ataque, el peor de su tipo en más de una década en la capital colombiana, posteriormente ese grupo rebelde negó su responsabilidad del mismo. Las autoridades colombianas han confiscado en lo que va del año más de 20 toneladas de explosivos, varios coches bombas y han impedido ataques en ciudades y pueblos apartados BOGOTA: DURO GOLPE CONTRA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A CAUSA DE ATENTADOS Una serie de atentados terroristas registrados ayer contra la infraestructura eléctrica en diversas zonas del país cobraron la vida de por los menos cinco personas. Por tal razón, el alcalde de la ciudad, John Maro Rodríguez, decretó la ley zanahoria ante el corte de electricidad y como medida de seguridad. Los sabotajes, atribuidos por las autoridades a las Farc, se iniciaron el jueves en una zona rural entre Cali y Buenaventura, donde fue destruida, por lo menos, una torre del tendido eléctrico. Pocas horas más tarde, un grupo de hombres armados mató a tres vigilantes de la subestación de electricidad de la planta de Mallarino, que surte de agua a una buena parte de la capital del departamento del Valle. En la madrugada de ayer, acciones similares tuvieron lugar en una zona rural de Tesalia, en el departamento del Huila, dejando a oscuras municipios aledaños y algunos sectores del Tolima y Caquetá. En horas de la mañana, otro grupo de presuntos guerrilleros atacó el puesto de vigilancia de la represa de Calima, que genera energía con aguas del río Bravo. En ese lugar los subversivos obligaron a dos policías a acompañarlos y poco después el cadáver de uno de ellos fue encontrado con varios disparos, pero no al otro agente. Mientras tanto, un soldado resultó herido en los enfrentamientos librados entre tropas enviadas y los irregulares en esa región. En el departamento del Cauca otro grupo de rebeldes, al parecer de las Farc, destruyó al menos tres torres del tendido en zonas rurales de los municipios de Totoró, Morales y Piendamó. Además, los rebeldes dinamitaron la subestación de la hidroeléctrica Florida II, cerca a Popayán, acciones que también dejaron a oscuras a varios municipios del departamento de Nariño. Autoridades del departamento de Caldas, por otra parte, atribuyeron también a las Farc la destrucción de una torre repetidora del canal regional "Telecafé". Ese sabotaje se registró en zona rural del municipio de Pensilvania, de ese territorio. Anoche, hacia las diez y treinta, cuatro cilindros de gas fueron lanzados contra la subestación eléctrica de Tulúa, cerrando un día nefasto para el país. Por su parte, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, le pidió a los ciudadanos estar al tanto de la infraestructura eléctrica denunciando cualquier acto que a su juicio sea sospechoso. KINSHASA, EL CONGO: MAS DE 100 MUERTOS POR TRAGEDIA AEREA Las autoridades temen que más de 100 personas de las 200 que iban en un avión de carga habrían muerto al abrirse la puerta trasera de la nave en pleno vuelo sobre el Congo, dijeron ayer funcionarios del aeropuerto. El siniestro ocurrió la noche del jueves. El ministro de Defensa del Congo, Irung Awan, confirmó el accidente ocurrido el jueves por la noche, pero indicó que no tenía conocimiento de las muertes. Dos funcionarios del aeropuerto internacional de Kinshasa, la capital del Congo, dijeron independientemente que se cree que 129 personas murieron al ser succionadas por la descompresión del avión. Los funcionarios hablaron a condición de que no se les identifique. Sus versiones no pudieron ser confirmadas. El avión, un Ilyushin 76 de propiedad privada y fabricación rusa, al parecer había sido fletado para transportar a miembros de la policía congolesa y sus familias desde Kinshasa hasta la ciudad de Lubumbashi, en el sureste congoleño. Después del accidente, que ocurrió unos 45 minutos después del despegue, los pilotos lograron regresar y aterrizar en la capital, indicó Awan. Nueve sobrevivientes, hombres y mujeres, recibieron tratamiento por lesiones menores y trauma psicológico en el Hospital General de Kinshasa, dijo Kabamba Mbwebwe, jefe de emergencias del hospital. “Estaban afectadas y hablaban de que su equipaje había volado por todas partes”, dijo Mbwebwe. El Ilyushin 76 es un avión cuatrimotor de transporte usado por primera vez en la Unión Soviética en 1974 para transportar carga militar pesada. MACARENA, VILLAVECENCIO: ATENTADO CONTRA AVION DE SATENA NO DEJA ILESOS Ilesos resultaron los 18 ocupantes del avión bimotor de la empresa Satena, luego que ésta recibiera cinco disparos de fusil desde tierra cuando iba a aterrizar en el municipio de La Macarena, en la ciudad de Villavicencio. El avión, un Cassa de matrícula FAC 1157, estaba en su aproximación a La Macarena cuando recibió los impactos en su fuselaje, tiros que no afectaron el aterrizaje llevado a cabo por los tres tripulantes. La gerencia de Satena, una compañía comercial adscrita a la Fuerza Aérea, informó que el aparato fue enviado la noche del jueves para investigación a la base militar de Apiay, en la antigua zona de distensión. Del mismo modo, indicaron que "sí hubo un incidente, pero no tengo pormenores". Con información de agencias Miles de personas despidieron al gobernador de Antioquia, asesinado por las Farc Agitando pañuelos blancos, una multitud salió a las calles de Medellín para dar el último adiós a Guillermo Gaviria, cuyo cadáver fue conducido hasta la Basílica Metropolitana de la capital antioqueña. El arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo, ofició una ceremonia, al término de la cual la viuda de Gaviria, Yolanda Pinto, dirigió unas emotivas palabras a la concurrencia. Durante el tránsito del féretro, desde la Gobernación de Antioquia hasta el Basílica, algunos marchantes pidieron al presidente Álvaro Uribe seguir con su política de mano dura hacia la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en cuyo poder fue asesinado Gaviria, junto con el ex ministro Gilberto Echeverri y ocho militares. "Uribe, militares: firmes", decía una pancarta que llevaba un grupo de personas que participaban en la marcha. Entre llantos, carteles y sirenas de bomberos, otros apelaron al diálogo para encontrar un salida al conflicto. "Al presidente hay que seguir apoyándolo, porque esta guerrilla hay que derrotarla", dijo Luz Mery García, una ama de casa de 41 años, que por primera vez salía a participar en un acto público. El senador Mario Uribe, que asiste a las honras fúnebres al igual que muchos representantes de la clase política, indicó que no se puede declinar el apoyo a la política de seguridad del gobierno. "Esto es muy duro, pero hay que seguir... el deber de las autoridades es procurar la libertad de los colombianos", afirmó el senador Uribe. Entre las muestras de afecto hacia el difunto gobernador, unas personas llevaban un gran corazón rojo acompañado por rosas del mismo color, con el cual expresaron su tristeza por la pérdida. Además, había un hombre vestido con los colores de la bandera Colombia (amarillo, azul y rojo) y una mujer ataviada con los colores de la bandera de Antioquia (verde y blanco) que llevaban un cartel que decía: "Mataron a los caminantes, pero no al camino". Con esto hacían alusión a que Gaviria y Echeverri fueron secuestrados por las Farc en abril del 2002, cuando encabezaban una marcha por la "no violencia" en un zona rural cerca de Medellín. Por lo mismo, en la marcha que acompañaba a los restos del gobernador había personas que invocaban el legado de Gaviria, un hombre que siempre abogó por la salida negociada a la guerra. "Ni una mujer ni un hombre, ni un peso más para la guerra", decía el cartel de un grupo de mujeres vestidas de negro, que integran una organización que llama la atención sobre el drama de la guerra. El alcalde del municipio antioqueño de Guatapé, Orlando Giraldo, afirmó que hemos "perdido nuestro líder, pero tenemos seguir con su camino, ahora con más ahínco". Eulalia Yagarí, una indígena de la etnia embera ex diputada provincial, aseguró que "es urgente abrir puertas para el intercambio humanitario para desactivar la guerra". Ellas al igual que los familiares de los cerca de 60 políticos y uniformados que siguen en poder de las Farc, apoya un canje que permita liberar a los plagiados a cambio de la excarcelación de centenares de rebeldes. "No tenían porque asesinarlos... vamos hacia una guerra total", advirtió. Hasta la catedral de Medellín llegaron el vicepresidente, Francisco Santos; la primera dama, Lina Moreno; el ministro del Interior, Fernando Londoño; el comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, y figuras políticas como el ex presidente Julio César Turbay. El presidente Uribe y otros altos mandos militares estuvieron ausentes. La familia de Gaviria ha dicho que el gobierno no le consultó sobre el rescate, que no querían porque temían un desenlace fatal, tal como ocurrió. BOGOTA: UN AÑO DE SECUESTRO DE DIPUTADOS BOGOTA (AP) Miles de personas con pancartas, banderas y amisetas con fotos de los plagiados marcharon en Cali para pedir la libertad de los diputa dos provinciales que fueron secuestrados hace un año por la guerrilla en un operativo con tintes cinematográfico. "Estamos en manos del gobierno y de la guerrilla", dijo telefónicamente a la AP Fabiola Perdomo, vocera de los familiares de los plagiados. "Los dos han dicho que tienen voluntad política para hacer un acuerdo. Pasemos a los hechos, que nombren cada uno sus negociadores directos", agregó. Los hijos de los diputados pedían el regreso de sus padres, de los que han tenido dos vídeos como pruebas de supervivencia en estos doce meses. "Mi papá es un hombre bueno, suéltenlo", dijo Juliana de nueve años, la hija del diputado Naciancenos Orozco, quien llevaba una camiseta con la foto de su padre. Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se hicieron pasar por policías, entraron a la asamblea departamental diciendo que había una amenaza de bomba el 11 de abril del 2002. Los diputados fueron evacuados y montados en un autobús que los llevó a las montañas donde los rebeldes los mantienen. Las FARC buscan presionar con este secuestro y el de una ex candidata presidencial, un gobernador, dos ex ministros de estado y varios parlamentarios, un canje entre ellos y rebeldes presos. El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha dicho que esta dispuesto a negociar un acuerdo humanitario y nombró una comisión de exploración a principios del año. Sin embargo, las FARC la rechazó porque dijo que quería directamente unos negociadores para iniciar conversaciones. Perdomo afirmó que estos doce meses sin sus esposos, padres e hijos, los han pasado con pequeñas luces de esperanza por las declaraciones de las partes, pero ya es hora de que se produzcan resultados. "Es muy difícil esta incertidumbre, uno se agarra de cualquier cosa, porque o sino estamos en una clínica o en el cementerio", agregó. Los familiares no tienen pruebas desde diciembre. Uribe asumió en agosto con la promesa de derrotar a los violentos e imponer el orden, en contraste con las negociaciones de tres años con el gobierno de Andrés Pastrana que no se reflejaron en un acuerdo concreto para disminuir el conflicto. En la marcha también se recordó a un camarógrafo de un canal local y a su conductor que resultaron muertos cuando seguían el autobús de los diputados que se había internado en las montañas. La periodista que iba con ellos resultó herida y salió del país. También un policía resultó muerto en el operativo guerrillero. Las FARC, la principal guerrilla del país, libra una guerra contra el Estado hace casi cuatro décadas. BARRANQUILLA. LA MINISTRA DE EDUCACION CECILIA VELEZ OFRECE CUPOS
UNIVERSITARIOS EN EL PAIS.
Con el objetivo de ofrecer 400 mil nuevos cupos universitarios en todo el país, la Ministra de Educación Cecilia María Vélez y el Viceministro de Educación Superior Javier Botero, instalaron ayer en Barranquilla la Mesa Regional, acto que contó con la presencia de los rectores de las universidades de la Costa y de funcionarios del Icfes. Esta iniciativa está incluida en el programa de gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez, como punta de lanza de la gran reforma educativa. Según la Ministra, se buscará la ampliación de cobertura en las regiones mediante el uso compartido de esfuerzos entre todos los involucrados en los procesos educativos. En dichos procesos participa el Comité Regional de Educación Superior -Cres Norte, con la participación de su directora Patricia Martínez- el Ministerio de Comunicaciones, la Agenda de Conectividad y el Sena entre otros. Durante el evento, la Ministra aseguró que en la Costa como región, la cobertura en educación superior es más baja que el promedio nacional. Sin embargo, el Atlántico sí estaría al nivel del promedio nacional en cobertura. Dentro del mismo plano de la Costa, el Atlántico ofrece la mayor cantidad de programas, 60 mil en total, mientras que el Departamento que le sigue, Bolívar, cuenta con 10 mil. “Barranquilla es en ese sentido, un polo de atracción, mientras que en las otras ciudades de la Costa la cobertura es muy baja”, sostuvo. Vélez White explicó que uno de los principales problemas de la educación superior es la llegada a regiones lejanas, para lo cual se requieren formas y programas flexibles que se acomoden a esas circunstancias. Sobre el tema de la calidad de los estudiantes -ampliamente cuestionada- la Ministra manifestó que las políticas se han enfocado en la capacitación de los docentes para mejorar la calidad, pero no se presta la atención necesaria a lo que aprenden los estudiantes, renglón por el cual se debe medir la calidad educativa. Para el Ministerio, lo importante es que los estudiantes salgan de las universidades con nociones claras acerca de qué papel van a cumplir en la sociedad. BOGOTA. GIBRALTAR Y LA PRODUCCION DE PETROLEO DE ALTA CALIDAD. Un debate de más de cinco horas observó ayer el país por televisión en el Congreso de la República, para saber cuál era la verdad sobre Gibraltar 1, en el que el Gobierno demostró que allí se produce petróleo de alta calidad, así como gas en gran cantidad, pero falta definir las reservas, mientras que el Senador Hugo Serrano Gómez se mantuvo en que el yacimiento cuenta con gas y condensado. En el debate participaron senadores, representantes, voceros del Gobierno, de de las Universidades y de la Contraloría General de la República. La reunión se dio en el marco de una citación al Ministro de Minas Luis Ernesto Mejía y del presidente de Ecopetrol Isaac Yanovich, por parte de senadores de la Comisión V del Senado. Luis Ernesto Mejía Ministro de Minas y Energía sostuvo que no pueden acusar al Gobierno de mentiroso e impreciso. “El comunicado de prensa es absolutamente claro y si nació una información equivocada no fue del Gobierno. El funcionario señaló que hasta tanto no se tengan los resultados de dichas pruebas, no es posible determinar la magnitud del yacimiento, que hoy en día de forma preliminar se estima que podría alcanzar los 200 millones de barriles, lo que lo convertiría en el mayor descubrimiento de la historia de Ecopetrol. “Yo si tengo que confirmarle al país desde este seno de la democracia que gracias a Dios y a nuestros ingenieros y geólogos de Ecopetrol el yacimiento en Gibraltar ha mostrado una reacción importante. Estamos a unas ratas de producción de 45 millones de pies cúbicos de gas y a 500 barriles diarios de un crudo lindo y de alta calidad. Como algunos dicen que es agua yo se los paso para que lo huelan”, afirmó. El Ministro reveló que primero se exploró la parte baja del pozo en la formación Barco y a 11.600 pies de profundidad se encontró una gran cantidad de agua dulce y a la vez de hidrocarburos. Mejía dijo que en los hallazgos de la formación Barco había, además de agua dulce, 82% de metano, 2% de etano, 7% de propano, 8% de butano, 5% de pentano, 3% hexano, 35% de etano, 37% de C-8, 42% de C-9, etc. “Eso demuestra la presencia de hidrocarburos, inclusive en la formación Barco a 11 mil pies de profundidad”, sostuvo el funcionario. Luego se hicieron pruebas en la formación Mirador y las pruebas fueron satisfactorias. Estamos alrededor de 7.000 pies de profundidad y tenemos la exploración en el punto, que se conoce el punto más bajo de aceite conocido. A partir de ahí hemos realizado las pruebas”, sostuvo. El Ministro dijo que le permeabilidad de lo encontrado es de 800 milidarcis, superior a la permeabilidad de Cusiana, la porosidad es de 4,5% y es mejor que la del Piedemonte Llanero, el volumen de roca es de 34.000 millones de barriles y la saturación es del 15% de agua. Mejía reconció que para delimitar físicamente el yacimiento se requerirá de la perforación de nuevos pozos. “Eso es cierto. Pero con los datos que tenemos se demuestran muchas cosas”, concluyó. El senador Hugo Serrano Gómez, quien ya había hecho algunas advertencias sobre la política petrolera nacional en la Tertulia en EL HERALDO el pasado mes de febrero, arrancó el debate mostrando un video editado de las informaciones que se dieron sobre Gibraltar por parte del Ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol. Serrano Gómez afirmó que Gibraltar corresponde a un yacimiento de condensado y donde no hay petróleo crudo. El petróleo crudo es aquel que está en el fondo del yacimiento como líquido y como tal sale a la superficie, y el petróleo condensando es aquel que está en el yacimiento como gas y sale a la superficie como tal y parte de eso se vuelve condensado, o sea se vuelve un petróleo rico, un crudo de 50 grados API, explicó el congresista. “En estos momentos no es cierto que en estos momentos, Ecopetrol haya descubierto un yacimiento de 200 millones de barriles de petróleo y no es cierto que la empresa haya encontrado petróleo crudo”, afirmó.
BOGOTA. TIROFIJO PROPONE DIALOGO DIRECTO CON MILITARES.
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